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 Un juez de Tampa (Florida) ordenó ayer a la empresa estadounidense
Odyssey Marine Exploration que proporcione al Gobierno español, en el
plazo de 14 días, la localización exacta del pecio, su nombre e
información sobre la carga o tesoro que encontraron el pasado mes de
mayo, dentro de lo que ellos mismos denominaron operación Cisne Negro
La justicia norteamericana ha atendido las demandas de España respecto a la confidencialidad del caso y ha fijado la fecha del 5 de marzo para que vuelvan a presentarse las partes ante el Tribunal y comprobar que la información facilitada por la empresa Odyssey en dicho plazo corresponde a las demandas españolas.
El 18 de mayo de 2007 la empresa norteamericana anunció que había transportado un cargamento de monedas de plata y oro, calculado en más de 350 millones de euros, a los Estados Unidos.
La empresa se negó a otorgar ningún tipo de información sobre la identidad del pecio o pecios objeto de esa extracción o de la localización exacta en la que se había producido la denominada operación. El único dato que dio fue que el hallazgo no se había realizado en aguas españolas y que se había hecho, por tanto, en aguas internacionales.
Sin autorización de Cultura
En un comunicado remitido ayer a los medios, el Ministerio de Cultura reitera que la empresa Odyssey "no ha actuado conforme a la ley" y señala que no "ha autorizado actividad arqueológica alguna ni sobre aguas jurisdiccionales españolas ni sobre pecios españoles".
Cultura asegura que la primera autorización que el entonces Ministerio de Educación y Cultura otorgó a esta empresa establecía como objeto de la misma el intento de localizar un buque de guerra de pabellón inglés hundido en aguas del estrecho de Gibraltar en el siglo XVII.
En la citada autorización se establecía que en caso de hallazgo de cualquier otro yacimiento arqueológico subacuático, se debería notificar al Ministerio de Educación y Cultura y que, en ningún caso, se procedería a la extracción de materiales arqueológicos, ya que lo que se estaba autorizando era la exploración, investigación o estudio de datos arqueológicos.
El Ministerio de Cultura califica de "muy satisfactorio" el fallo de un juez de Florida (Estados Unidos) sobre el caso Odyssey , que protege los intereses españoles, y ha reiterado que la empresa norteamericana "no ha actuado conforme a la ley".
El juez había pedido en noviembre pasado al Gobierno español y a Odyssey que trabajaran conjuntamente con objeto de llegar a un acuerdo de confidencialidad aceptable sobre el tesoro.
Para Odyssey, que ha reiterado en numerosas ocasiones que el tesoro fue extraído fuera de las aguas jurisdiccionales de España, era una irresponsabilidad "difundir datos que permitieran la localización del sitio arqueológico" y que cualquiera con unos mínimos recursos "pudiera tener la tentación de tratar de rescatar más objetos de valor".
Por ello, exigía al Gobierno español un acuerdo de confidencialidad con relación al cargamento extraído, pacto que nunca se consumó.
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